Interesante desarrollo en el Departamento de Estado: un juez federal acaba de frenar los recortes de personal previstos. Resulta que la ley de gasto actual prohíbe explícitamente estos recortes por ahora. Es un ejemplo clásico de cómo la acción ejecutiva choca con los límites impuestos por el poder legislativo. El fallo pone de manifiesto la tensión continua entre los esfuerzos de reestructuración administrativa y las restricciones presupuestarias existentes. Merece la pena seguir cómo evoluciona la situación, especialmente porque los debates sobre la eficiencia gubernamental suelen repercutir en el sentimiento general del mercado. Cuando aumenta la incertidumbre política, los actores institucionales tienden a reevaluar su exposición al riesgo en todas las clases de activos. Es posible que la batalla legal sobre la autoridad para gastar fondos federales se prolongue durante semanas.