El enfrentamiento entre los reguladores y las plataformas tecnológicas acaba de escalar. Las autoridades europeas han impuesto a X una multa de $140 millones por supuestas infracciones relacionadas con las insignias de verificación y la divulgación de publicidad en el marco de su Ley de Servicios Digitales.

¿La respuesta de X? No presentaron recurso ni emitieron ningún comunicado. En su lugar, la plataforma cerró discretamente la cuenta oficial de publicidad de la Comisión Europea, un gesto que dice más que cualquier nota de prensa.

Esto marca otro capítulo en la tensión continua entre los organismos reguladores y las redes de comunicación descentralizadas. La multa se dirige a lo que los reguladores califican como sistemas de verificación de usuarios engañosos y mecanismos insuficientes de transparencia publicitaria. X, claramente, considera esto una extralimitación regulatoria más que una aplicación legítima de la ley.

La gran pregunta ahora es: ¿se enfrentarán otras plataformas a un escrutinio similar, o es este conflicto exclusivo del enfoque confrontativo de X respecto al cumplimiento?